Legitimidad y democracia (1)

Aquí va el artículo que me mueve a la reflexión. Luego, en días sucesivos, vendrá esa reflexión.

El artículo apareció el 19 de Octubre de 2007 en El Periódico de Cataluña (o Catalunya en lengua propia). Lo reproduzco aquí porque como el diario es de pago, acabará por desaparecer el enlace.

 

Un choque de legitimidades

LAS CONSECUENCIAS DE LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO A LA PROPUESTA DE IBARRETXE 19/10/2007 //

1. • El lendakari propone a Zapatero que se comprometa a respetar el resultado del referendo

IÑAKI González* EL PERIÓDICO DE CATALUÑA

Pasó la cita de Juan José Ibarretxe y José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, y lo que era una reunión gestada en el desencuentro ofreció dos discursos opuestos, hasta el punto de parecer que ambos protagonistas no habían participado en la misma reunión. Lo que para el lendakari es el punto de partida de un camino en el que sigue empeñado, para el presidente es el punto final del proyecto de su interlocutor. De persistir ambos en esa postura, aun después de las elecciones de marzo próximo, y ante la eventualidad de que de ellas pudiera salir reforzado el líder socialista, el escenario resultante anticipa el tan traído y llevado choque de legitimidades.
Así se producirá de nuevo si el Parlamento vasco respalda con una mayoría la petición del lendakari de una consulta habilitante el 25 de octubre del 2008. Habilitante, al fin y al cabo, del mismo proceso de diálogo entre partidos para la reforma del marco legal vasco que Rodríguez Zapatero reclamaba esta semana. En ese proceso de reforma del marco legal, ¿qué papel adquiere la consulta y por qué se descuenta ya que conllevaría un choque de legitimidades? Conviene recordar que se trata de la consulta propuesta para octubre del año próximo y no del referendo del 2010. El contenido de la misma sería, según los términos exactos de la propuesta, el de confirmar o desmentir el respaldo social a un proceso de reforma del marco legal que hoy configura el Estatuto de Gernika. Pero no es un referendo independentista o soberanista, por cuanto que el sentido de la citada reforma está por definir por los partidos, precisamente en el proceso habilitado a continuación con el horizonte del 2010.
La consulta, que responde a un compromiso electoral del propio Ibarretxe y del programa de Gobierno del tripartito que lo sustenta, quiere ser un seguro frente a la experiencia. Porque un proceso de negociación política entre partidos ya está probado y sus consecuencias, distorsionadas, están por resolver. Probado, en primer lugar, en la propia Euskadi, donde un procedimiento parlamentario de reforma estatutaria ya contó con respaldo mayoritario de la Cámara vasca. El rechazo minoritario de socialistas y populares fue de facto minoría de bloqueo merced a su superioridad en el Congreso, lo que generó ya entonces la contraposición de dos legitimidades.

Y PROBADO aún más recientemente en Catalunya, donde el proceso, igual de escrupulosamente legal, recibió después un célebre cepillado y aún está en riesgo de laminación por el Tribunal Constitucional pese a la aprobación en referendo, escenario que, por cierto, provocaría un choque similar al que se teme en Euskadi. Desde esta perspectiva, más que una situación forzada por los nacionalismos, el choque de legitimidades es casi una constante propiciada desde el centro para poner freno a las mayorías que ostentan en sus ámbitos territoriales.
Con estos precedentes, Ibarretxe propone, en su anhelo de imitar a Downing Street, un compromiso previo de respeto al resultado de ese proceso. Lo que Rodríguez Zapatero concedió en un mitin a Catalunya (respeto escrupuloso al texto que saliera del Parlament) lo reclama hoy Ibarretxe ante notario para evitar cepillados posteriores. Por eso, la legitimación del proceso de negociación política que se niega a dar el Ejecutivo español, como puso de manifiesto el propio presidente, se busca en el respaldo ciudadano. Respaldo sin valor legal, pero de indudable legitimidad política si obtiene un apoyo representativo en la consulta.
En definitiva, el nuevo choque de legitimidades no será más que la reedición de una constante. La que se arrastra desde el portazo a la propuesta de nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento vasco la Navidad del 2004, que levita y seguirá latente en el debate político, porque aquella herida no la cerró el Congreso, sino que quedó tapada por la convocatoria electoral vasca de mayo siguiente y, sobre todo, por la inminencia, primero, la evidencia, después, y la frustración, este año, del proceso de diálogo con ETA. Y choque, en definitiva, de legitimidades entre el texto de la ley orgánica que es el Estatuto de Gernika y la negativa de los sucesivos ejecutivos españoles a transferir competencias exclusivas (prisiones, puertos y aeropuertos...) por un problema de confianza o conveniencia.

EN SUMA, EL choque de legitimidades es la expresión de la naturaleza del llamado conflicto vasco y ha sido una constante en los casi 30 años de democracia. Conflicto que, más allá de la violencia de ETA, se manifiesta en los extremos relatados y en otro aún más revelador: el encausamiento judicial de representantes políticos del 80% de los votantes de la Comunidad Autónoma Vasca por actuaciones de naturaleza política. Empezando, y más allá de Batasuna, por el propio Ibarretxe o por Atutxa, sus socios del tripartito y hasta el principal partido de la oposición, con el secretario general del PSE sometido a un proceso que causa asombro dentro y fuera de nuestras fronteras. Legítimamente, se reclama al lendakari que se guarde su hoja de ruta para cuando disfrutemos de un escenario de ausencia de violencia y consenso amplio. Legítimamente, Ibarretxe la pone sobre la mesa como herramienta para construir ambas claves y no caer en la ingenuidad de suponer que será un escenario sobrevenido por decantación.

*Exdirector de Deia